El respeto a la propiedad privada como garantia de respeto a la Constitucion
La toma de tierras se esta volviendo un tema cotidiano y recurrente en diversas zonas del pais. Claramente estamos frente a un violento acto delictivo disfrazado.
Ya tendrian que haberse manifestado con toda claridad los gobiernos provinciales y sobre todo el Nacional y quitar todo respaldo a los hechos que estan ocurriendo, en colaboracion con muchas instituciones, incluidas varias del Estado Nacional.
Estan protagonizadas por algunos sectores que dicen representar a los mas vulnerables y los lleva a cometer delitos no solo contra la propiedad privada sino tambien, contra instituciones de la democracia que tanto nos ha costado.
Las tomas terminan constituyendo problemas complejos en los que se entrecruzan organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, la seguridad, la pobreza estructural, avivados, problemas legales publicos y privados. La falta de educacion, la necesidad y el oportunismo, sin duda, permiten que algunos actores sociales sean empujados a realizar acciones tan reñidas con la Constitucion y con las normas mas basicas de convivencia social.
¿Pero al resto de los sectores, que los moviliza?. ¿De donde surgen los dineros que permiten los movimientos y sustento de tantas personas? ¿Quien esta detras de estos actos? ¿Por que da la impresion que las regiones en las que actuan, son “zonas liberadas“? ¿No es suficiente un escenario de economia a pique y de pandemia con un sistema de salud colapsado y medio pais paralizado, que necesitamos agitar conflictos sociales y violar derechos de ciudadanos basicos?
Alguna certidumbre debemos tener. No todo debe ser desorden y caos. No cumplir y hacer cumplir las normas minimas contribuye a alimentar un escenario nacional mas caotico aun que el que estamos viviendo.
No podemos vivir sin normas. La vida social se desmorona si no se respetan los principios que tan claramente defiende nuestra Constitucion Nacional y normas internacionales.
Llamamos a la reflexion a las autoridades de todos los niveles y poderes y a las organizaciones sociales para poder organizar este desorden, impedir los atropellos, castigar, en el caso que se comprueben los delitos y ponernos a construir seriamente un futuro mejor para la Argentina.
