El Gobierno aprobará el martes la nueva ley del aborto

El Gobierno trabaja con la idea de aprobar el martes próximo el proyecto de ley del aborto para enviarlo de inmediato al Congreso y tratar de tener una nueva norma en vigor, mucho más ambiciosa y completa que la de plazos de 2010, en los primeros de 2023.

El Ejecutivo da este último empujón político a la ley justo cuando el derecho al aborto libre y gratuito está en cuestión y de nuevo en todas las portadas del planeta ante la posibilidad de que el Tribunal Supremo estadounidense, de mayoría ultraconservadora, lo prohíba o limite en ese país después de haberlo autorizado hace 50 años.

El Consejo de Ministros aprobará el martes el proyecto si en los cinco días lectivos que quedan el Ministerio de Igualdad, que es el promotor de la norma, logra cerrar con el resto de ministerios socialistas implicados en la redacción un texto final, que aún no existe, ya que todavía quedan «puntos centrales» de la nueva regulación en negociación, según confirmaron fuentes gubernamentales.

Uno de los aspectos claves para el Gobierno es evitar que en España pueda pasar algo similar a lo que va a ocurrir en Estados Unidos. Por este motivo, los negociadores ministeriales barajan que la nueva ley no sea una reforma de la ley de plazos de 2010 sino una nueva ley del aborto, que sustituya y derogue la anterior. De ser así, una vez se apruebe, vaciaría de contenido el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP hace 12 años y que ahora el presidente conservador Pedro González Trevijano quiere sacar del cajón y llevar al pleno al menos para un primer debate antes de agosto. La impugnación popular decaería, pues, al anularse la norma de 2010, perdería todo su contenido y sentido jurídico.

A día de hoy aún no hay un texto de anteproyecto cerrado, pero la nueva norma, además de garantizar el aborto libre, voluntario y gratuito en las primeras catorce semanas de gestación en hospitales públicos de todas las comunidades, también podría declarar violencia contra la mujer la gestación subrogada, aprobar iniciativas para favorecer la salud menstrual y perseguir malas prácticas ginecológicas y obstétricas durante el embarazo y el parto.

En hospitales públicos

Entre los puntos menos publicitados que se baraja que incluya el proyecto están la reducción fiscal o incluso la eliminación del IVA de los productos de higiene femenina, el establecimiento de una baja médica de varios días para las mujeres cuando sufran reglas dolorosas, la prohibición y sanción con duras multas de la publicidad de las agencias intermediarias en la gestación subrogada. Incluso está a debate la posibilidad de que los tribunales puedan perseguir a las parejas españolas que tratan de burlar la prohibición nacional con la contratación de vientres de alquiler en países extranjeros.

La nueva ley garantizará interrupciones voluntarias del embarazo en todos los hospitales públicos. Busca blindar este derecho en la sanidad pública y acabar con los obstáculos que aún hoy impiden a las mujeres decidir libremente sobre sus vidas, en palabras de Irene Montero. La idea con que se trabaja es que cualquier mujer mayor de 16 años será la única que decida qué hace con su cuerpo y su embarazo y que, si opta por un aborto, lo tenga garantizado en un centro público, cerca de donde reside y eligiendo el método más apropiado.

Para cumplirlo, regulará de forma más estricta la objeción de conciencia. El derecho de los médicos «se respetará escrupulosamente», pero «nunca podrá ser un impedimento al libre ejercicio del derecho de las mujeres». Con la ley vigente, la objeción la pueden ejercer todos los profesionales sanitarios de áreas directamente implicadas en la realización de una interrupción del embarazo y, al menos sobre el papel, deben hacerlo por escrito y por anticipado. Ahora, además, deberán comunicar la objeción a un registro autonómico para que las autoridades sanitarias puedan organizar los servicios de ginecología y asegurarse que siempre hay un especialista que hace abortos.

La ley pondrá orden en el ejercicio de un derecho que se ha desnaturalizado, pues hay mujeres que tienen que hacer cientos de kilómetros en su propio país porque donde viven no hay un solo centro que practique abortos legales. Acabará con las objeciones colectivas en un hospital o en toda una autonomía. El ejercicio será individual, por escrito, previo y registrado.

Permiso prenatal

El descontrol actual ha llevado a que solo el 21% de los casi 100.000 abortos anuales se realicen en hospitales públicos. El grueso se hace en clínicas concertadas. En nueve provincias, sin sumar Ceuta ni Melilla, nunca se ha realizado un aborto desde que Felipe González lo despenalizó en 1985 y en otras tres no los ha habido en cinco años. Una región del tamaño de Madrid no los hace ni en un solo hospital público.

La reforma revertirá el cambio que el PP hizo en solitario en 2015. Las embarazadas de 16 y 17 años ya no precisarán de permiso paterno para poder abortar. También se suprimirá el período de reflexión de tres días, el tiempo que por ley debe esperar la mujer antes de ratificar su intención de abortar.

Otra medida será la regulación y el impulso del aborto farmacológico, el que no requiere intervención quirúrgica. Un método infrautilizado en España (el 85% son operaciones), que, por su sencillez, permitiría extender el servicio a la atención ambulatoria. Los negociadores barajan que la norma establezca que un teléfono específico y gratuito de nueva creación y los propios centros de salud den toda la información a las embarazadas que la requieran, les ayuden a elegir un método, las deriven de inmediato a un hospital y las informen de dónde acudir si les ponen pegas para ejercer el derecho.

Fomento de anticonceptivos

La norma tratará de erradicar el abuso de cesáreas y episiotomías y llevará la educación sexual a todos los colegios y creará un nuevo permiso remunerado prenatal que podrá utilizar cualquier embarazada a partir de la semana 36 y hasta el parto. Este permiso hará que ya no sea necesario que el médico certifique un embarazo de riesgo para poder descansar las últimas semanas. No afectará a las 16 semanas de permiso maternal, que quedan intactas.

La ley obligará a las administraciones a fomentar métodos anticonceptivos masculinos y a repartir productos de higiene femenina y pañales infantiles de forma gratuita en prisiones, centros escolares, sociales y de la mujer para garantizar la salud menstrual de todas, con especial atención a las mujeres con menos recursos.